Una fuerte advertencia recibió la Alcaldía de Barranquilla de parte de la Procuraduría para que la alcaldesa Elsa Noguera le dé cumplimiento a la sentencia que ordenó la nulidad del cobro de la estampilla pro-hospitales, en un fallo proferido el 6 de agosto de 2014.

Desde entonces, la Alcaldía, a través de su oficina jurídica, ha recurrido a diversas solicitudes de aclaración y de súplica para evitar que se le dé cumplimiento a la nulidad del cobro, plasmado en los artículos 5 y 6 de la ordenanza 70 de 2009.

Pese a que la Alcaldía argumenta que la sentencia no está ejecutoriada, la Procuraduría insiste en que esta ejecutoria ocurrió el 18 de enero 2015, cuando se “resolvió desfavorablemente la aclaración del fallo".

La delegada González manifestó en su comunicación que le preocupa que “el operador administrativo se aparte de la aplicación de una sentencia” y agrega que pareciera que “le interesaría más el recaudo de unos recursos que la defensa del ordenamiento jurídico”.

“Estos comportamientos son una clara manifestación de desobediencia a la filosofía de la función pública. (…) Pareciera que no es suficiente que el Consejo de Estado declare la nulidad de unos actos administrativos, se abstenga de resolver la solicitud de aclaración y niegue el recurso de súplica”, dice la carta.

La funcionaria de la Procuraduría dice que esta renuencia que se da “casi de manera caprichosa”.

Finalmente, Gozález sugiere a la alcaldesa Noguera “dar cumplimiento” a la sentencia y le pide “que se abstenga de continuar incurriendo en conductas dilatorias”, dando a entender que podría incurrirse en malas conductas disciplinarias, como ya ha ocurrido en otros entes territoriales.